26 enero, 2026

El impulso a la vivienda industrializada: Un camino hacia la eficiencia en la construcción

 La apuesta por incentivar las “viviendas exprés” representa una oportunidad estratégica para modernizar el sector, permitiendo reducir los tiempos de entrega hasta en un 30% y abordar con mayor agilidad el déficit habitacional del país.

Los datos del Minvu son alentadores: Chile ya cuenta con una capacidad productiva de casi 20.000 viviendas industrializadas al año. Para la industria, esto no es solo una cifra, sino la validación de un modelo que permite optimizar recursos y estandarizar la calidad. En un escenario económico donde los costos de los materiales y el financiamiento son variables críticas, el ahorro de hasta siete meses en los plazos de ejecución por proyecto se convierte en una ventaja competitiva fundamental.

Actualmente, existen 23 empresas industrializadoras autorizadas y 45 proyectos VIT (Vivienda Industrializada Tipo) aprobados, lo que demuestra que la infraestructura técnica ya está operativa. Empresas locales han demostrado que la construcción robotizada y el ensamblaje en fábrica no son el futuro, sino una realidad presente con capacidad de escala. Sin embargo, para que esta “continuidad productiva” sea efectiva, los incentivos financieros que estudia el Gobierno deben ir de la mano con una gestión administrativa que valide estos nuevos tiempos de obra.

La visión de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) es pragmática: la industrialización no busca desplazar los métodos tradicionales, sino complementarlos para robustecer la capacidad de respuesta del sector. Al reducir la incertidumbre en los presupuestos y mejorar las condiciones laborales en faena, este modelo eleva el estándar de toda la industria, permitiendo que la construcción habitacional sea más predecible y sostenible en el largo plazo.

 El fortalecimiento de los incentivos para la vivienda industrializada es un paso positivo hacia una construcción más moderna y productiva. El éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad de articular estas ayudas financieras con una normativa ágil, permitiendo que Chile no solo construya más, sino que lo haga de manera más inteligente y eficiente.

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